La resolución afirma que invertir en la infancia es esencial para alcanzar un desarrollo humano integrador, equitativo y sostenible para las generaciones presentes y futuras, y que hacerlo es beneficioso para la sociedad y la economía en conjunto, y sienta las bases de una sociedad justa, una economía fuerte y un mundo sin pobreza.

Además, reconoce que invertir en educación, salud y en la promoción y protección de los derechos de la niñez son deberes y obligaciones del Estado.

Los países que han firmado la resolución, entre ellos Paraguay, llaman a movilizar recursos nacionales a través de la recaudación de impuestos y otras medidas, como la gestión de recursos internacionales y la colaboración del sector privado.

Exhortan a los países a reforzar sus sistemas públicos de gestión financiera para garantizar el empleo eficaz y eficiente de los recursos y a dar prioridad a gastos sociales que beneficien a los niños, niñas y adolescentes para rentabilizar al máximo los limitados recursos disponibles.

La resolución alienta a los Estados a que intensifiquen la recopilación y el análisis de datos para elaborar estadísticas nacionales, regionales y locales, que utilicen datos desglosados por edad, sexo, origen étnico, renta familiar y discapacidad, y sirvan para elaborar y evaluar políticas y programas sociales, a fin de que los recursos se empleen de forma eficiente, para hacer efectivos los derechos de los niños y niñas, y especialmente los de los colectivos de niños marginados o desfavorecidos.

Sugiere que se identifiquen aquellas partidas presupuestarias que tengan una repercusión directa o indirecta en la niñez, y sistematizar los indicadores para dar seguimiento del impacto sobre sus derechos.

Además de estos temas, la resolución abarca cuestiones relacionadas a la educación, salud, protección, identidad, seguridad social y trabajo infantil.

La situación en Paraguay

La evolución de la inversión social en la infancia en Paraguay desde el año 2000 a 2012 muestra una tendencia creciente en cifras absolutas desde el año 2003. Sin embargo, la inversión como porcentaje del producto interno bruto ha disminuido del 6% a 5,1% de 2000 a 2012.

Pese a los avances registrados por Paraguay en los últimos años, los indicadores de pobreza infantil requieren de mayor atención: 33 de cada 100 niños y niñas viven en situación de pobreza. Los más afectados son los que viven en el área rural y los indígenas. Y aunque también ha habido importantes avances en salud, nutrición y educación en los últimos 10 años, el país tiene todavía retos muy importantes que conseguir en dichas áreas, y especialmente en la protección de la niñez paraguaya.

Paraguay está dando muestras, en diferentes foros y momentos, de su compromiso con la infancia y la adolescencia, como el apoyo a esta resolución como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los 20 compromisos firmados por el presidente Horacio Cartes para aumentar la cantidad y calidad de la inversión en la infancia, la firma de “Una promesa renovada” para disminuir la mortalidad materno-infantil, la firma del llamado a la acción para desinstitucionalizar a los niños y niñas e inclusive la próxima encuesta nacional sobre infancia y adolescencia que se implementará en los meses venideros.

En resumen, y según el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que Paraguay, y todos los países del mundo, sigan mejorando en el avance de los derechos de la niñez y la adolescencia, en la reducción de la pobreza y en el desarrollo social y económico del país, necesitan aumentar su recaudación fiscal, priorizar con determinación en sus presupuestos la inversión en la infancia, hacer un buen seguimiento de la gestión y eficiencia de estos fondos y rendir cuentas de los mismos.

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